La desaparición de Loan, un niño de 5 años en Corrientes, ha dado un giro dramático en su investigación. Los fiscales confirmaron que el menor fue captado con fines de explotación, trasladando el caso al fuero federal. Cinco de los seis detenidos fueron imputados por el delito de trata, mientras que el comisario fue acusado de entorpecer la investigación. Este caso ha conmocionado a toda la provincia, con el gobernador expresando que siente un pesar "como si fuera un hijo de todos".

Los canes rastreadores jugaron un papel crucial en la investigación. Mantuvieron el rastro del niño en la zona entre la casa de la abuela y un naranjal cercano, lo que llevó a los fiscales a concluir que Loan no salió de esa área por sus propios medios. Un hallazgo intrigante fue un botón embarrado encontrado a 3 kilómetros de la casa, que los perros identifican con el olor del niño, pero que los investigadores creen que fue colocado allí para desviar la investigación.

Los vehículos de dos de los imputados, el capitán de navío retirado Carlos Pérez y su esposa María Caillava, ex funcionaria municipal, también fueron marcados por los perros. El Ford Ka de la pareja dio positivo en un 100% al rastro de Loan, sugiriendo que el niño fue trasladado en este vehículo. Este descubrimiento llevó a allanamientos en Resistencia, Chaco, donde se encontraron armas, dinero y huellas.

Los fiscales han imputado a Pérez y Caillava como coautores de la captación del menor con fines de explotación. Otros tres individuos, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, fueron acusados ​​de participación primaria, presuntamente creando una distracción para facilitar la captación del. Esta nueva evidencia ha llevado a los investigadores a abandonar la hipótesis de una simple desaparición.

El gobernador de Corrientes ha enfatizado la necesidad de continuar la búsqueda y descubrir la verdad detrás de la desaparición de Loan. Ha prometido que "le tiene que caer todo el peso de la ley" a los responsables, sin importar quiénes sean. El caso ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de combatir la trata de personas y proteger a los menores en Argentina.