La provincia de Salta ha dado un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico y su influencia en la política local. El Senado provincial aprobó recientemente una ampliación de la Ley de Ficha Limpia, que ahora incluye a las personas condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico entre aquellas que no podrán ser candidatos a cargos electivos provinciales y municipales.

Esta modificación a la Ley 8275, originalmente sancionada en 2021, incorpora un nuevo inciso que abarca los delitos previstos en la ley nacional de estupefacientes. La ampliación busca proteger la integridad de las instituciones democráticas y prevenir la infiltración del crimen organizado en la esfera política.

Según la nueva disposición, aquellos condenados por estos delitos en segunda instancia no podrán postularse a cargos públicos por el plazo que dure su condena, más la mitad del tiempo de su duración. Esta medida busca extender el período de inhabilitación y asegurar que los candidatos a cargos públicos mantengan un historial limpio en relación con el narcotráfico.

La ampliación de la ley surge en un contexto donde casos como el del actual intendente Carlos "Conejo" Martínez de Aguas Blancas han generado controversia. Martínez, condenado por transporte de estupefacientes en 2013 y posteriormente involucrado en nuevas investigaciones por presunto lavado de dinero, ejemplifica el tipo de situaciones que la ley busca prevenir en el futuro.

Con esta modificación, Salta se posiciona a la vanguardia en la implementación de medidas para salvar la integridad de sus procesos democráticos. La iniciativa refleja un compromiso con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado, estableciendo un precedente que podría inspirar acciones similares en otras provincias argentinas.