En un acto que marca un precedente en la política salteña, los diputados provinciales Gustavo Orozco y Sebastián Otero han tomado la iniciativa de someterse automáticamente a exámenes médicos antidrogas, demostrando su compromiso con la transparencia. Esta acción proactiva plantea un desafío directo a sus colegas legisladores: ¿cuándo seguirán su ejemplo?
Esta decisión de Orozco y Otero cobra especial relevancia en el contexto del reciente proyecto de ley presentado por el diputado Juan Esteban Romero, que busca implementar controles antidrogas obligatorios para todos los funcionarios públicos. La iniciativa voluntaria de ambos legisladores no solo respalda la propuesta, sino que demuestra en la práctica su viabilidad.
El gesto de estos diputados provinciales podría catalizar un cambio significativo en la cultura política local, especialmente considerando que el proyecto de ley contempla la realización obligatoria de rinoscopías y análisis bioquímicos periódicos para todos los funcionarios, desde el gobernador hasta subsecretarios y legisladores provinciales.
La acción de Orozco y Otero pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el resto de los funcionarios: si no tienen nada que ocultar, ¿por qué esperar a que la ley los obliga? Su iniciativa demuestra que es posible someterse voluntariamente a estos controles sin necesidad de un marco legal que lo exija, estableciendo un nuevo estándar de transparencia en la función pública.
Mientras el proyecto de ley continúa su curso en la Legislatura, la decisión de estos dos diputados genera expectativa sobre quiénes serán los próximos en sumarse a esta iniciativa de transparencia. La presión social y política comienza a crecer sobre aquellos funcionarios que aún no se han pronunciado sobre su disposición a someterse a estos controles, en un momento donde la lucha contra el narcotráfico requiere compromisos claros y acciones concretas.
