En un movimiento significativo hacia la responsabilidad vial, el gobernador Gustavo Sáenz presentó ante la Legislatura salteña un innovador proyecto de ley que busca que los conductores que ocasionen accidentes bajo los efectos del alcohol o estupefacientes asuman los costos de su atención médica en el sistema público. de salud.
La iniciativa otorga facultades al Ministerio de Salud Pública para gestionar el cobro de todas las prestaciones médicas, incluyendo medicamentos, prótesis y órtesis, utilizados en la atención de personas que provocan accidentes de tránsito mientras conducían intoxicados. Esta medida busca proteger los recursos públicos y promover una conducción más responsable.
Para aquellos conductores que declaran insolvencia, el proyecto contempla una alternativa: la realización de servicio comunitario como forma de compensación. Si transcurren 60 días desde la facturación sin que se efectúe el pago, las autoridades podrán emitir un certificado de deuda que funcionará como título ejecutivo, según lo establecido en la Ley N° 5.233.
La fundamentación de esta nueva normativa se basa en la protección del esfuerzo de los contribuyentes, cuyos impuestos sostienen el sistema de salud provincial. Sáenz se enfatizó que resulta injusto invertir grandes sumas en la atención de conductores que generan siniestros por conductas irresponsables y evitables.
Esta ley, que no contempla excepciones, marca un precedente en la provincia y envía un mensaje claro a la sociedad: la irresponsabilidad al volante tendrá consecuencias no solo penales sino también económicas, obligando a los infractores a reflexionar dos veces antes de bajo conducir los efectos del alcohol.
