El Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso. El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, acusará a la magistrada de los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el Gobierno, Andrade actuó en base a sus opiniones y no siguiendo la ley al tomar su decisión.
La jueza, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, defendió su fallo argumentando que protegió el derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia fue estrictamente jurídica y apegada a la Constitución”, declaró Andrade, citando al constitucionalista Roberto Gargarella, quien considera la protesta como un “derecho baluarte” de la democracia.
Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad sostienen que la jueza omitió evaluar dos aspectos clave: el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación. “No se trata de que no nos guste su decisión, sino de que violó la ley”, explicaron. Además, cuestionaron que Andrade no consideró la complejidad del operativo policial, que incluía la identificación de más de 100 personas en medio de los disturbios.
En su fallo, la magistrada criticó a las fuerzas de seguridad por no proporcionar información detallada sobre los motivos de las detenciones. “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez”, afirmó, señalando que las detenciones le fueron notificadas con frases genéricas como “misma situación” o “mismo lugar”, sin especificar los delitos graves imputados.
El conflicto judicial-político escaló cuando el Gobierno insinuó que la decisión de Andrade buscaba “anular el procedimiento policial”. Mientras tanto, la jueza reiteró que su prioridad fue garantizar el control judicial efectivo y evitar el hacinamiento en los centros de detención. Este caso reabre el debate sobre los límites entre la protesta social, la seguridad pública y el rol de la Justicia.
