El Gobierno Nacional se encuentra evaluando medidas drásticas contra la aerolínea low cost Flybondi debido a sus persistentes incumplimientos operativos. Las cifras son alarmantes: se proyecta que en el mes en curso la compañía podría modificar hasta el 45% de sus vuelos programados, superando significativamente el promedio anual de 26,92% registrado en 2024.
La situación ha llevado a las autoridades de la Secretaría de Transporte y la ANAC a considerar sanciones severas, que podrían incluir multas millonarias de hasta $200 millones por cada incumplimiento. La medida más extrema contemplada es la revocación del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), lo que efectivamente terminaría con las operaciones de la aerolínea en el país.
Los problemas de Flybondi van más allá de las cancelaciones y reprogramaciones. La empresa enfrenta críticas por su deficiente mantenimiento de aeronaves, venta excesiva de pasajes sin capacidad operativa suficiente y la implementación de un plan de contingencia que no ha convencido a las autoridades. El Ministerio de Transporte ha sido enfático en señalar que la política de cielos abiertos no exime a las empresas de mantener estándares de calidad y seguridad.
El futuro de la aerolínea, que inició operaciones en 2018, se complica aún más ante los rumores de una posible venta por parte de sus accionistas, fondos de inversión extranjeros. A pesar de sus aspiraciones de cotizar en Wall Street, los persistentes problemas operativos y de seguridad han puesto en jaque su continuidad en el mercado aeronáutico argentino.
