En Salta, el proyecto para arancelar la educación superior a extranjeros sin residencia desató una fuerte controversia. El abogado Sebastián Aguirre Astigueta advirtió que la iniciativa “choca” con la Constitución y no podría aplicarse en la Universidad Nacional de Salta.
La propuesta, impulsada por el diputado Alejandro Esper, busca que estudiantes extranjeros paguen por cursar carreras. Sin embargo, el especialista fue contundente: una ley provincial no tiene facultades para regular universidades nacionales ni modificar su sistema de gratuidad.
El conflicto va más allá de una simple ley. Según explicó, el Estatuto de la UNSa garantiza educación gratuita sin distinción, y además existen normas superiores —como la Constitución Nacional y tratados internacionales— que protegen el acceso de los extranjeros. “Solo una reforma constitucional podría cambiar eso”, remarcó.
Incluso cuestionó el impacto real de la medida: aseguró que la mayoría de los estudiantes extranjeros ya cuentan con DNI y residencia, por lo que el universo alcanzado sería mínimo y no representaría un cambio económico significativo.
Mientras desde el sector político se habla de “equidad” y costos que van de 2 a 10 millones por alumno al año, desde el ámbito jurídico lo ven como una iniciativa con más carga ideológica que viabilidad real. El debate recién empieza y promete escalar.
¿Se trata de una solución concreta o de una propuesta sin sustento legal? La discusión sigue abierta y podría definir el futuro del acceso a la educación pública en la provincia.
