El 18 de junio, mientras el frío patagónico golpeaba El Bolsón, 3.700 afiliados del PAMI se quedaron sin atención. La razón: María Eugenia Alonso, jefa de la sede local, y su equipo cerraron las puertas en apoyo a Cristina Kirchner tras su condena.
El Gobierno nacional actuó rápido: Alonso fue desvinculada y sus empleados, suspendidos por 29 días. "No toleraremos el uso político de recursos públicos", advirtió PAMI. La sanción, la máxima antes del despido, buscó marcar un precedente.
Testimonios revelan el drama: adultos mayores esperaron horas bajo cero sin ser atendidos. "Fue un desastre; dejaron a los abuelos en la intemperie", denunció una fuente. La diputada Lorena Villaverde (LLA) celebró la medida: "Se puso límite a la militancia kirchnerista".
ATE salió al cruce
"Hubo guardia mínima para urgencias", insistió Rodrigo Vicente, dirigente sindical. Pero las pruebas oficiales muestran lo contrario: nadie ingresó al local ese día. "Es un operativo de LLA", acusó Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional.
¿hasta dónde puede llegar la militancia en el Estado? Mientras el kirchnerismo defiende las protestas, el Gobierno advierte: "El abandono de funciones no será impune".
