La Justicia analiza las declaraciones juradas de la expresidenta Cristina Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito, centrándose en un terreno en Santa Cruz y su empalme patrimonial tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010. Expertos contables examinan bienes como un lote de 87.000 m² en El Calafate y plazos fijos en dólares, buscando irregularidades.
La causa, inicialmente archivada, fue reabierta en diciembre pasado por la Cámara Federal tras un pedido de la UIF. El fiscal Gerardo Pollicita, quien ya impulsó el juicio en los casos Vialidad y Hotesur-Los Sauces, ahora enfrenta presiones para profundizar la investigación, pese a que antes consideró algunos errores "involuntarios".
Los jueces Bruglia y Bertuzzi ordenaron un nuevo peritaje, mientras que Llorens exigió una "mirada integral" y pidió citar a indagatoria a CFK, vinculando este caso con otros de corrupción. Su abogado, Carlos Beraldi, rechaza la medida, alegando que la UIF no presentó pruebas nuevas.
La tensión judicial se intensifica: mientras algunos ven "inconsistencias acreditadas", otros insisten en que no hay delito. El resultado podría impactar en las ya complicadas defensas legales de la vicepresidenta, que acumula causas por lavado de dinero y fraude.
¿Habrá indagatoria? Los peritajes definirán si las irregularidades son suficientes para avanzar. Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre transparencia y corrupción en la política argentina.
