El Gobierno nacional oficializó una serie de cambios en la Ley de Migraciones. Se agilizarán las expulsiones de extranjeros con antecedentes penales, se reforzarán los controles fronterizos y se limitará el acceso a servicios públicos para quienes ingresen de forma irregular. También se busca terminar con el “turismo sanitario”.
Entre los cambios más drásticos, se elimina la atención médica gratuita para extranjeros irregulares (excepto emergencias) y se exige seguro de salud o pago previo. Además, las universidades públicas podrán cobrar matrículas a estudiantes no residentes.
La reforma busca "desalentar el turismo de natalidad" —práctica donde extranjeros tienen hijos en Argentina para obtener residencia— y priorizar la "seguridad pública". Sin embargo, garantiza derechos a menores afectados por cancelaciones de residencia.
Los inmigrantes deberán presentar declaraciones juradas sobre su situación legal, ofertas laborales reales y antecedentes penales. Cualquier fraude (documentación falsa o matrimonios simulados) será causal de expulsión inmediata.
Como contraparte, se crea la Agencia de Ciudadanía por Inversión, que otorgará residencia a extranjeros que inviertan en el país. "Buscamos atraer capitales, no migración irregular", justificó el Ejecutivo.
