Una iniciativa innovadora busca establecer un nuevo estándar de transparencia y responsabilidad en la función pública argentina. El diputado Gustavo Orozco ha reintroducido un proyecto de ley que propone la realización de requisitos toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, marcando un precedente en materia de control y ética gubernamental.
La propuesta contempla un sistema de evaluaciones anuales aleatorias, donde los funcionarios serán notificados con apenas 24 horas de anticipación, garantizando así la efectividad y transparencia del proceso. Un aspecto crucial del proyecto es que los análisis serán realizados por entidades independientes, específicamente universidades nacionales, para asegurar la imparcialidad de los resultados.
El proyecto busca establecer un nuevo paradigma de coherencia entre las responsabilidades públicas y la conducta personal de los funcionarios. Orozco ejemplifica esta necesidad citando el caso hipotético de un ministro de seguridad que consume sustancias ilícitas mientras debe dirigir operativos contra el narcotráfico, planteando un dilema ético y operativo fundamental.
Esta iniciativa no es completamente nueva; De hecho, fue presentado por primera vez hace dos años, convirtiéndose en el primer proyecto de este tipo en Argentina. Aunque en aquella ocasión perdió estado parlamentario por falta de tratamiento en comisiones, su reintroducción demuestra un compromiso sostenido con la transparencia en la gestión pública.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de evaluación en comisiones, representando una oportunidad histórica para establecer nuevos estándares de integridad en la función pública argentina. La propuesta podría sentar un precedente importante para futuras iniciativas de control y transparencia en la administración pública.
