Una investigación federal destapó un masivo fraude con pensiones por invalidez en Salta, Jujuy y Chaco, involucrando a funcionarios, médicos y empleados de ANSES. El fiscal Carlos Amad reveló que el esquema, activo desde 2023, utilizaba certificados médicos falsos y manipulaba historias clínicas, causando un perjuicio al Estado de casi $1.000 millones en cuatro años.
El caso estalló en Taco Pozo (Chaco), donde se detectaron 640 pensiones fraudulentas. Médicos, bioquímicos y hasta la hija del intendente habrían colaborado en el fraude. "Falsearon historias clínicas y aprovecharon su posición en ANSES", denunció Amad. La trama se extendió a Salta y Jujuy tras descubrir que un médico implicado era prestador del sistema nacional de salud.
Un equipo especial, coordinado por el fiscal general Eduardo Villalba, ya audita más de 80.000 pensiones en ambas provincias. La investigación cuenta con apoyo de Gendarmería, AFIP y ANDIS, cruzando datos para identificar patrones sospechosos. Una clave: las pensiones se aprobaron de forma remota, usando firmas electrónicas sin denuncias de robo.
"Nadie podrá alegar hackeo. Todos tendrán que explicar por qué firmaron esto", advirtió Amad. Aunque aún no hay imputados públicos en Salta y Jujuy, las auditorías avanzan localidad por localidad. Las pruebas apuntan a una red organizada que aprovechó vacíos en el sistema.
