Una importante medida de seguridad fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante, estableciendo la obligatoriedad de exámenes psicológicos para funcionarios municipales que trabajan en áreas relacionadas con poblaciones vulnerables. Esta iniciativa, presentada por el concejal Pablo López, marca un precedente en la protección de niños, adolescentes y adultos mayores en la administración pública.
La nueva ordenanza tiene como principal objetivo salvar a los grupos más vulnerables de la sociedad, asegurando que quienes estén a cargo de estas áreas sensibles cuenten con las capacidades psicológicas adecuadas para desempeñar sus funciones. Los funcionarios deberán obtener un certificado de aptitud psicológica como requisito indispensable para acceder a estos cargos.
Un aspecto destacable de la normativa es que los costos de las evaluaciones correrán por cuenta de los propios funcionarios, quienes deberán acudir a profesionales debidamente matriculados y certificados por el Colegio de Psicólogos de Salta. El proceso de evaluación requiere un mínimo de cuatro sesiones, garantizando así un análisis profundo y detallado.
La confidencialidad de los resultados está garantizada por la ordenanza, protegiendo la privacidad de los evaluados mientras se asegura el cumplimiento de los estándares requeridos. Esta medida representa un paso significativo hacia la profesionalización y responsabilidad en la gestión pública, especialmente en áreas que requieren un alto grado de compromiso y estabilidad emocional.
