Jorge Enrique Prado, exintendente de Aguaray, fue sentenciado a 6 años y medio de prisión por el robo de 228 caños del gasoducto GNEA, valuado en $2.000 millones. La Corte Suprema rechazó su apelación, confirmando una de las mayores causas de corrupción en Salta.
El escándalo estalló entre 2019 y 2020, cuando una red organizada saqueó materiales clave de la obra nacional. La fiscalía descubrió que usaron una resolución municipal falsa (N.º 1215) para justificar el robo en la finca Ñacatimbay.
La operación fue frenada parcialmente por el administrador de la finca, pero los implicados desviaron el botín a otros puntos. Robaron 67 caños en Tonono (Tartagal) y 161 en El Desemboque, con logística coordinada por el empresario Adrián Vera.
Tres condenados:
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Prado: 6 años y 6 meses.
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Diego Alos (empresario): 6 años y 3 meses.
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Adrián Vera: 6 años y 8 meses.
El gasoducto GNEA, impulsado por ENARSA, buscaba abastecer a 1,7 millones de personas en el norte argentino. Su fracaso y el desvío de materiales dejaron en evidencia la corrupción en obras públicas.
