Legisladores porteños pidieron a la ANSES que cancele la jubilación de privilegio del expresidente, quien cobra casi $9 millones mensuales mientras enfrenta un juicio por "negociaciones incompatibles con la función pública". La medida busca evitar un "perjuicio al erario público".
El documento, firmado por Ocaña, Méndez y Nagata (Confianza Pública), señala que Fernández "nunca debió gozar de este beneficio", pero tras su procesamiento, exigen su suspensión inmediata. La causa "Seguros" lo acusa de usar su cargo para favorecer a empresarios amigos en plena pandemia.
"Si cometió delitos desde la Presidencia, no puede mantener este privilegio", argumentan. El juez Casanello no solo lo procesó, sino que embargó sus bienes por más de $14.600 millones, una cifra que supera el presupuesto anual de varios municipios.
Mientras un jubilado común sobrevive con $205.000, Fernández percibe 24 veces ese monto. "¿Qué mensaje da el Estado? Un trabajador elige entre comer o medicarse, y un expresidente procesado cobra fortunas", denuncian los legisladores.
La polémica reavivó el debate sobre las jubilaciones de privilegio. "Es inmoral que un acusado de corrupción siga recibiendo dinero público", insistieron. La ANSES aún no respondió, pero la presión crece.
