En un fallo que cierra un capítulo judicial de más de cuatro años, la Sala I del Tribunal de Impugnación confirmó la absolución de los policías Pablo Toledo, Ignacio Zurita y Rómulo Segovia, quienes fueron acusados de agredir a Luciano Cruz, un joven de 19 años, durante un incidente ocurrido el 24 de febrero de 2020 en el barrio Norte Grande. Los jueces Ramón Medina y Victoria Solórzano rechazaron las apelaciones de la fiscalía y la querella, respaldando la decisión de la Sala V del Tribunal de Juicio, que había dictaminado que los agentes actuaron en legítima defensa.
El caso, que incluyó un reclamo resarcitorio de 28 millones de pesos, se centró en un violento enfrentamiento entre los policías y un grupo de jóvenes que bebían en la vía pública. Según testigos imparciales y un video de seguridad, los agentes intentaron dispersar a los jóvenes, pero fueron recibidos con insultos y piedras. La situación escaló rápidamente cuando el grupo, que inicialmente era reducido, creció a casi 20 personas, rodeando al patrullero y lanzándole objetos contundentes.
Luciano Cruz, quien perdió la visión total de su ojo izquierdo y parcial del derecho, aseguró que los policías lo atacaron sin motivo mientras compraba bebidas en un almacén. Sin embargo, la evidencia mostró que Cruz formaba parte del grupo agresor, con el torso desnudo y el pantalón arremangado, participando activamente en el ataque contra el móvil policial. Los jueces destacaron que los agentes intentaron retirarse, pero fueron acorralados, lo que justificó su uso de la fuerza.
Los abogados defensores, Marcelo Arancibia, Jorge Ovejero y Carlos Oliver, presentaron pruebas contundentes, como la pericia balística y testimonios de vecinos, que respaldaron la versión de los policías. “Ellos no tenían armas letales. Realizaron detonaciones de advertencia y actuaron en defensa propia cuando el ataque se intensificó”, explicó Arancibia. La fiscal Claudia Geria, quien apeló la sentencia, no logró convencer a los jueces de que los agentes violaron los protocolos.
Este fallo no solo absuelve a los policías, sino que también sienta un precedente sobre el uso de la fuerza en situaciones de riesgo extremo. Los jueces concluyeron que los agentes actuaron conforme a la ley, protegiendo su integridad ante una “masa enfurecida”. El caso ha generado debate sobre los límites de la legítima defensa y la responsabilidad de los ciudadanos ante la autoridad.
