La Justicia argentina reabrió una grave denuncia contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, por trata de personas y abuso de menores durante su asilo político en nuestro país. La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal, que consideró “prematuro” el archivo de la causa y aceptó como querellante a la Fundación Apolo, impulsora de la investigación.
La denuncia apunta a hechos ocurridos en 2019, cuando Morales se encontraba asilado en Argentina tras la crisis política en Bolivia. Según la presentación de la ONG, el exmandatario habría convivido con adolescentes traídas desde su país en condiciones vulnerables, presuntamente para realizar tareas domésticas y personales. Una de las principales testigos, Angélica Ponce, asegura haber presenciado estas situaciones durante sus visitas.
“No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política”, sostuvo el legislador porteño Yamil Santoro, director de la Fundación Apolo. La organización acusa a Morales de violar los artículos 145 bis y ter del Código Penal argentino, que sancionan la trata de personas, además de otros posibles delitos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también había denunciado estos hechos el año pasado, asegurando que el expresidente boliviano habría convivido con al menos cuatro adolescentes mientras era protegido por el gobierno de Alberto Fernández. “Es el peor de los delitos, y en nuestro suelo”, advirtió.
Con esta reapertura, la causa vuelve a etapa de instrucción, lo que permitirá avanzar con nuevas pruebas y testimonios. El expediente promete causar fuerte impacto tanto en la política local como en la relación con Bolivia.
La Justicia tiene ahora la responsabilidad de investigar a fondo y sin presiones. Organismos de derechos humanos exigen celeridad y transparencia: “Los hechos son demasiado graves como para quedar en la impunidad”.
