“No es austeridad, es abandono”, denuncian organizaciones de personas con discapacidad tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia. Este martes, el país será escenario de una Jornada Federal con paros, movilizaciones y concentraciones en decenas de plazas. El reclamo es claro: exigen al Congreso que anule el Decreto 534/25 y restituya una ley votada por amplia mayoría.
La emergencia no es simbólica: $28.000 mensuales ganan algunas personas en talleres protegidos, mientras muchas aún esperan una pensión. Prestadores de servicios están al borde del cierre. “El impacto fiscal de la ley es mínimo: 0,22% del PBI, pero el impacto social es enorme”, remarcaron desde el Foro Permanente Discapacidad.
Con el veto de Javier Milei, se bloquea el acceso a pensiones compatibles con trabajo formal, un cambio vital para quienes viven en la marginalidad. Además, se frena la posibilidad de mejorar los aranceles que cobran instituciones y profesionales que hoy sobreviven cobrando $3.000 por hora de apoyo escolar.
“Estamos en franca agonía”, alertó Mariel Chiapero, presidenta de APRIDIS en Santa Fe. “No sabemos si podremos llegar a fin de año sin cerrar. Cada institución que cae significa un tratamiento menos, una puerta cerrada, un derecho negado”.
Desde Salta hasta Bariloche, de Posadas a Neuquén, la consigna es una sola: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”. Personas con discapacidad, familias, trabajadores y organizaciones piden que el Congreso escuche y actúe. Esta vez, el silencio también es una forma de violencia.
Concentración en Salta: Martes 5 de agosto, 12 hs, en la Legislatura.
