El presidente Javier Milei volvió a estar en el centro de la polémica tras negarse a eliminar el posteo en el que descalificó a Ian Moche, el niño activista con autismo. En su presentación judicial, afirmó que su publicación fue “una acción privada” amparada por la libertad de expresión y que su cuenta en redes no es institucional.
El mandatario rechazó que el reposteo haya sido un acto oficial o que tuviera la intención de dañar al menor. También negó que el caso amerite un amparo urgente y cuestionó lo que llamó “cultura de la cancelación”, asegurando que la denuncia tiene un trasfondo ideológico.
La controversia comenzó cuando Moche denunció un mensaje en el que Milei lo acusaba de provenir de “una familia ultrakirchnerista”, replicando además agravios contra él y contra el periodista Paulino Rodríguez.
No es la primera vez que Milei apela a este argumento. En el caso de la estafa con la criptomoneda $LIBRA, el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que sus redes sí lo representan como Presidente, desestimando la defensa.
El caso abrió un intenso debate: ¿puede un mandatario separar su figura pública de sus publicaciones en redes? Organizaciones de derechos humanos insisten en que debe primar el respeto a la infancia y a las personas con discapacidad, incluso en el ámbito digital.
El fallo será clave para definir si las redes sociales de un Presidente forman parte de su función pública o si, como sostiene Milei, son espacios personales. La decisión podría sentar un precedente histórico para la política argentina.
