Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, presentó en julio su declaración jurada y sorprendió al país: informó ingresos netos anuales por más de $818 millones, aunque aseguró que no posee ahorros ni dinero en efectivo, ni en cuentas bancarias propias o de su familia.
Según el documento, Tapia cobra por dos de sus tres funciones. Desde la Conmebol percibe cerca de $60 millones mensuales y declaró dedicarle solo 120 minutos semanales, lo que generó una fuerte polémica. Además, como titular de la Ceamse, suma otros $8 millones mensuales, dedicando unas 15 horas semanales.
A esos ingresos se agregan más de $200 millones extra por venta de bienes, viáticos e intereses financieros. Solo por la venta de un vehículo declaró $44 millones, y otros $130 millones provienen de diferencias de cambio y plazos fijos.
En contraste con la falta de ahorros declarada, su patrimonio incluye siete propiedades en distintas provincias, entre ellas una casa en Beccar valuada en más de US$15 millones, además de dos vehículos registrados a su nombre.
La revelación reavivó el debate público sobre la transparencia en la función pública. Las miradas ahora apuntan a los organismos de control, en medio de un clima de desconfianza social creciente.
