El gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, ha anunciado una significativa reforma del régimen migratorio que contempla el cobro de servicios de salud y educación universitaria a extranjeros. Esta medida sigue los pasos de la provincia de Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz ya implementó en febrero un sistema de cobro por atención médica a ciudadanos extranjeros no residentes.
La experiencia salteña surgió como respuesta a la creciente demanda en el sistema de salud pública, especialmente por parte de ciudadanos bolivianos. La implementación provincial estableció un sistema de tarifas diferenciadas para extranjeros sin residencia, buscando preservar la sostenibilidad del sistema sanitario y priorizar la atención a los residentes locales.
El vocero presidencial Manuel Adorni detalló que la reforma nacional no solo abarcará el arancelamiento de servicios, sino que también incluirá medidas más estrictas para el reingreso de extranjeros con antecedentes delictivos. El gobierno argumenta que estas medidas buscan proteger los recursos de los contribuyentes argentinos y garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos.
La iniciativa ha generado diversas reacciones en el ámbito nacional. Mientras organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por posibles retrocesos en materia de igualdad y acceso universal a derechos básicos, desde el gobierno salteño destacan los resultados positivos de su implementación, señalando mejoras en la gestión de recursos sanitarios y en la eficiencia del servicio para los residentes locales.
La medida representa un cambio significativo en la política migratoria argentina y podría sentar un precedente para otras provincias. El sistema de facturación propuesto a nivel nacional se inspira en el modelo salteño, buscando establecer tarifas que reflejen los costos reales de los servicios prestados.
