El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue enviado a juicio oral por extorsión a beneficiarios del Potenciar Trabajo y desvío millonario de fondos estatales. El juez federal Sebastián Casanello lo acusa de administración fraudulenta y amenazas coactivas, en una causa que involucra cooperativas y empresas fantasma.
La ruta del dinero
Investigaciones revelan que el Polo Obrero y la cooperativa "El Resplandor" canalizaron fondos públicos hacia empresas apócrifas como Coxtex, creada con testaferros. Se estima que $40 millones fueron desviados de un total de $360 millones recibidos. Parte de ese dinero habría financiado campañas del Partido Obrero mediante facturas falsas, en lo que el juez describió como una “confusión entre lo público y lo privado”.
Libretas de control y sanciones
Entre las pruebas clave aparecen registros manuales como el “Cuaderno Rivadavia 1”, donde anotaban la asistencia a marchas. Quienes no participaban sufrían descuentos en sus planes o, directamente, la expulsión del programa social. Un caso llamó la atención: un beneficiario que llegó tarde fue anotado como “media marcha”, evidenciando un control estricto y coercitivo.
Otros acusados en la red
Además de Belliboni, fueron imputados Jeremías Cantero, Gianna Puppo y otros dirigentes. Según la fiscalía, entre agosto de 2023 y febrero de 2024 recolectaron $313 millones (equivalente a US$637.000), de los cuales casi la mitad se destinaba a la estructura nacional del movimiento.
Impacto y consecuencias
El caso deja en evidencia cómo personas en situación vulnerable eran forzadas a participar en protestas bajo amenaza de perder su único sustento. La justicia alerta sobre el uso de planes sociales como herramienta de presión política, desviando fondos públicos para financiamiento partidario.
¿Qué sigue?
El juicio oral podría revelar más conexiones y agravar las sanciones. Mientras tanto, el fallo sentará un precedente sobre el manejo de asistencia social en Argentina.
