Un escándalo de corrupción ha sacudido la provincia de Chaco, donde se investiga un esquema de fraude masivo en la obtención de pensiones por discapacidad. El fiscal federal Carlos Amad está a cargo de la investigación que involucra a millas de pensiones truchas, representando aproximadamente el 10% de la población del municipio de Taco Pozo.

Entre los imputados se encuentran el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores de hospital y "gestores" vinculados a la organización delictiva. Según la investigación, cobraron hasta $30.000 para iniciar certificados con datos falsos y dar origen a expedientes que luego serían aprobados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La maniobra delictiva consistía en reclutar personas a quienes se les pedía dinero para acceder a los beneficios de una Pensión No Contributiva. Los involucrados manejaban listas en la Municipalidad de Taco Pozo, y se exigía apoyo político al intendente Ibáñez como contraprestación. Médicos y directores de hospital extendían certificados médicos falsos para justificar las supuestas discapacidades.

Durante los allanamientos, se secuestraron cuadernos con anotaciones detalladas de los pagos realizados por los "beneficiarios" y las patologías que debían asignarse. El fiscal Amad señaló que el 97% de las Pensiones No Contributivas por discapacidad laboral investigadas son fraudulentas, lo que ha causado indignación en la comunidad.

La investigación también reveló que familias enteras, incluyendo personas con empleos registrados, fueron beneficiadas con estas pensiones irregulares. El caso ha puesto en evidencia graves fallas en el sistema de control de la ANDIS, que aparentemente no cumple una función de auditoría efectiva en el otorgamiento de las pensiones por discapacidad.