El Concejo Deliberante de Salta Capital ha aprobado una modificación crucial en la Ordenanza Nº 10.371, impulsada por el concejal Pablo López de La Libertad Avanza. Esta reforma busca fortalecer la transparencia y responsabilidad en la gestión municipal, aumentando significativamente las multas para aquellos funcionarios del Departamento Ejecutivo que no responden adecuadamente a las Solicitudes de Informe.

La nueva disposición establece una multa base de 1.000 Unidades Tributarias (UT) para los funcionarios que no contesten en tiempo y forma, con un incremento diario de 100 UT por cada día de retraso. Considerando que cada UT equivale a $340, la sanción inicial ascendería a $340.000, con un aumento diario de $34.000, cifras que buscan disuadir eficazmente cualquier demora injustificada

Además, la ordenanza contempla una penalización aún más severa en casos de reincidencia. Si el Consejo Deliberante se ve obligado a reiterar la solicitud de informe, la multa se triplicará, evidenciando la firme determinación del cuerpo legislativo para garantizar una respuesta oportuna y adecuada a sus requerimientos de información.

Esta medida refleja un compromiso renovado con la rendición de cuentas en la administración pública de Salta Capital. Al elevar el coste de la falta de transparencia, se espera mejorar la eficiencia en la comunicación entre los poderes municipales y, en última instancia, beneficiar a los ciudadanos con una gestión más abierta y responsable.