La provincia de Salta reafirma su posición de cobrar por servicios médicos a ciudadanos extranjeros, decisión respaldada por el gobernador Gustavo Saenz y la Legislatura local. Esta medida ha generado controversia, especialmente con el país vecino, Bolivia. Recientemente, la cónsul boliviana Felipa Huanca solicitó al gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, la posibilidad de revisar esta política, pero su petición fue rechazada.

El consulado boliviano argumenta que recibe numerosas quejas de sus compatriotas debido a los nuevos aranceles. Sin embargo, las autoridades salteñas insisten en que la medida es resultado de una ley provincial y debe ser aplicada sin excepciones. Valenzuela sugirió que el reclamo debería dirigirse al propio gobierno boliviano, presidido por Luis Arce, para que asuma los costos de atención de sus ciudadanos.

El impacto de esta política ha sido significativo. Según el Ministerio de Salud de Salta, la afluencia de pacientes extranjeros ha disminuido reducida. En el Hospital San Vicente de Paul, por ejemplo, se pasó de atender a 300 personas por semana a un promedio de 5. Es importante destacar que las urgencias que ponen en riesgo la vida siguen siendo atendidas de forma gratuita.

Los aranceles establecidos son considerables: $100.000 por día de internación, $190.000 en salas intermedias, $250.000 en terapias intensivas, $245.000 por parto y $250.000 por internación en terapia neonatal. Estas tarifas han experimentado un aumento del 20% en el segundo semestre del año. La medida ha generado un ahorro sustancial para la provincia, con la intendencia de Orán reportando un ahorro de 60 millones de pesos solo en su jurisdicción.

Esta situación ha puesto en evidencia las diferencias en los sistemas de salud entre Argentina y Bolivia. Anteriormente, existían convenios de reciprocidad entre ambos países, pero casos de argentinos fallecidos en Bolivia por falta de atención médica se llevaron a la revisión de estos acuerdos. El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, enfatizó la calidad de la salud pública argentina y cuestiona la verdadera reciprocidad con el país vecino.